La OEA ha demostrado a lo largo de su existencia tener solo una importancia relativa, que se limita a declaraciones de apoyo y condena a sus países miembros en circunstancias de caos e incertidumbre. Tal como lo demuestran los hechos con Honduras, no puede esta organización influir de modo decisivo en ningún gobierno, por pequeño que sea.
Sin embargo, es necesario fijar las verdaderas definiciones que deberían tener estas condenas. Debería precisarse claramente a qué se refiere con Golpe de Estado.
Una de las definiciones que debían condenarse abiertamente, debe ser no solo el cambio de un gobierno determinado, usando la fuerza, sino también los intentos de perpetuación en el poder, usando los recursos del estado para ese fin.
Un gobierno que cambia la constitución para mantenerse en el poder está violentando la constitución y las reglas de juego en las que fue elegido. Se convierte, entonces, en una dictadura. No es jurídicamente aceptable esto en ningún país miembro de la OEA.
La OEA se ha limitado a verificar si, por ejemplo, se respeta el resultado electoral en las urnas, en las elecciones. Pero los fraudes se perpetran mucho antes que las elecciones mismas, en la manipulación de la opinión pública, la limitación del acceso a la información, el cierre de órganos de expresión, el uso de los medios y recursos del estado para fines electorales y el amedrentamiento de la oposición.
No toma esas características puntuales la OEA como las típicas de una dictadura. Es decir, no se atreve a calificar o a descalificar a los distintos tipos de gobierno. Por esa razón es casi un hazme reír de los dictadores. Parece que está más preocupada en una unión de todos los países americanos, aunque resulte estéril, que en una reunión solo de los países comprometidos con un sistema de gobierno democrático y respetuoso de los derechos humanos y ciudadanos.
Una propuesta realista es la unión de países comprometidos con algunos principios claves:
- La democracia representativa, con elecciones libres y transparentes
- La diferenciación e independencia de los poderes del estado: ejecutivo, legislativo, judicial y electoral
- La libertad de expresión
- La no reelección inmediata
- La igualdad de los ciudadanos ante la ley.
La no sujeción a estas características mínimas de convivencia y de respeto ciudadano constituye una violación a la carta que deben firmar los países verdaderamente democráticos.
Condenar un golpe de estado y no sujetarse a estas condiciones mínimas es pura hipocresía.
lunes, 20 de julio de 2009
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